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Ministro Arce descarta procedencia de denuncia opositora ante la CIDH y la Corte Interamericana de DDHH de la OEA

La Paz, 3 de octubre (MJyTI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, descartó hoy la procedencia de cualquier denuncia que presentarán representantes de la oposición el jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay procedimientos de denuncia y de medidas cautelares, y ninguno de estos casos procedería; mucho menos procedería un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde actúa directamente la Comisión o los Estados y no personas particulares”, afirmó.

De esta manera se refirió al anuncio del viaje de una comisión de senadores de la opositora Unidad Demócrata (UD) a Washington para presentar el jueves una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado y el Tribunal Constitucional sobre el supuesto desconocimiento de los resultados del referendo del 21 de febrero 2016.

No obstante, manifestó que, en una institucionalidad democrática, como la que vive Bolivia, la oposición tiene todo el derecho de presentar las solicitudes que consideren convenientes.

“Veo con mucha preocupación la desinformación en los representantes de la oposición (…). Entiendo que la oposición está desorientada en materia jurídica y en materia procesal; en los procedimientos que se llevan adelante ante los organismos internacionales”, agregó.

Arce dijo que la postura de la oposición ante la CIDH es más una acción política que una acción jurídica. “Lo hemos visto al señor Jorge Quiroga; se tomó una foto en la puerta de la OEA e hizo un video, esos hechos son acciones políticas no jurídicas”, afirmó.

El ministro Arce no ve ningún camino procesal sobre la denuncia de la oposición porque, a su juicio, los procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son claros y se operan bajo determinadas condiciones que “en este caso no están dadas”.

“No me imagino qué tipo de procedimiento o qué pueden hacer los opositores, más allá de sus discursos políticos que en democracia tienen todo el derecho de hacer, los aspectos jurídicos se mueven dentro de determinadas certezas y en este caso los planteamientos de la oposición son planteamientos políticos sin ninguna certeza jurídica”, finalizó.

 

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Bolivia denunciará “enérgicamente” ante la OEA injerencia de Almagro

La Paz, 3 de octubre (MJyTI).- Bolivia denunciará este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la injerencia del secretario general, Luis Almagro, vulnerando los principios de respeto a la soberanía y de respeto a la independencia de los países, anunció hoy el ministro de Justicia y Transparencia institucional, Héctor Arce.

El ministro Arce y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, acompañados por el embajador boliviano ante ese organismo, Diego Pari, expondrán la denuncia a las 11 de la mañana de este miércoles ante los 34 embajadores representantes de países que conforman la OEA.

“Vamos a denunciar el atropello y la injerencia injustificada e inaceptable que hemos sufrido los bolivianos de parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien, sin tener conocimiento de los hechos, sin haber escuchado al Estado y comprometiendo la voz de los 34 países que conforman la Organización de Estados Americanos ha procedido, a través de las redes sociales, a criticar y pretender desahuciar la acción de inconstitucionalidad que presentaron asambleístas del Movimiento Al Socialismo y que está siguiendo su curso en el Tribunal Constitucional Plurinacional”, afirmó.

Arce enfatizó, en un contacto telefónico con radio Panamericana desde Washington, que, con esta actitud, Almagro ha “violado” los estatutos de la OEA, ha “vulnerado” los principios de respeto a la soberanía y de respeto a la independencia de los países.

Asimismo, dijo que el Secretario General ha cometido un acto de intervención directa “inaceptable”, descalificando la labor de la justicia boliviana sin que exista ningún argumento o razón para que eso ocurra.

En consecuencia, enfatizó que es un claro acto de injerencia en asuntos internos de Bolivia sin respaldo institucional de ninguna de las instancias de la OEA.

Asimismo, dijo que se pedirá que Almagro se excluya de referirse de esa manera a la democracia de Bolivia.

“No permitiremos una injerencia de esta magnitud, somos un país soberano, vivimos en un Estado de derecho, no permitiremos que se genere una mala imagen. La próxima semana cumpliremos 35 años de soberanía, de vivir en democracia, absolutamente constante, por ello, esas declaraciones no serán permitidas. Esa es la causa de la reunión que se realizará mañana”, aseveró.

El Secretario General de la OEA utilizó la red social de Twitter el viernes 22 de septiembre para exigir al presidente Morales respetar los resultados del referendo del 21 de febrero del año pasado. Asimismo, aseveró que ningún juez puede levantar el dictamen del pueblo, haciendo referencia a los resultados de ese referendo.

En esa oportunidad escribió: “@evoespueblo (Evo Morales) deberá respetar decisión popular que dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”.

Para el ministro Arce, estas actitudes políticas son una intromisión y sobrepasan las atribuciones de un Secretario General del ente multilateral.

 

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Dos comisiones interministeriales trabajan decreto reglamentario de ley 977 en favor de personas con discapacidad

La Paz, 3 de octubre (MJyTI).- Una decena de ministerios, la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de Entidades Financieras (ASFI) y el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) conformaron dos comisiones para terminar la redacción del reglamento de la Ley 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, promulgada recientemente por el presidente Evo Morales.

 

La conformación de estos equipos de trabajo se desarrolló en una reunión presidida por la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales Laura, en representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

La viceministra Morales, en la oportunidad del encuentro, presentó a los representantes de los ministerios y otras entidades el proyecto de Decreto Supremo Reglamentario de la ley 977 para que sea la base del trabajo.

Además, precisó que estos dos grupos interministeriales se fijaron acelerar el trabajo para presentar el documento hasta el 9 de octubre próximo.

 

“Hemos presentado la propuesta de proyecto de Decreto Supremo Reglamentario de la Ley 977 la que será considerada por los participantes quienes harán llegar sus sugerencias y recomendaciones para la redacción final interinstitucional programada para el próximo 9 de octubre. Luego se prevé su aprobación por parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la cabeza del ministro Héctor Arce Zaconeta”, afirmó.

 

El presidente Evo Morales promulgó el 26 de septiembre la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad que garantiza una fuente laboral para las personas que tengan familiares con discapacidad grave y muy grave, estabilidad laboral, además de un bono solidario mensual de Bs 250.

 

De acuerdo a datos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, se beneficiarán con el bono mensual las personas con discapacidad grave y muy grave que llegan a 47.000 aproximadamente. Con la inserción laboral se favorecerán todas las personas con discapacidad que alcanzan a 67.000.

 

Participaron del encuentro representantes de los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional; Salud; Trabajo, Empleo y Previsión Social; Presidencia; Comunicación; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Desarrollo Productivo y Economía Plural; Economía y Finanzas Públicas; Planificación del Desarrollo.

 

Además de delegados de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de Entidades Financieras ASFI y el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS).

 

Una primera comisión, está presidida por el Ministerio de Salud que se encargará del análisis y elaboración de la base datos e interoperabilidad del sistema para el pago del bono mensual a personas con discapacidad grave y muy grave.

La segunda comisión, encabezada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se dedicará al análisis del sistema de registro de las empresas públicas y privadas para la inserción laboral de las personas con discapacidad y los padres, madres, tutoras, tutores y cónyuges que tengan a su cargo una o más personas con discapacidad, menores de 18 años con discapacidad grave y muy grave.

 

Por su parte, el director General de Personas con Discapacidad, Javier Salguero, presentó el avance de los “42 Puntos” del acuerdo firmado hasta el 13 de julio de la presente gestión y remitido a las diferentes organizaciones de personas con discapacidad a nivel departamental y nacional, mismos que deben ser actualizados hasta el próximo 16 de octubre para ser nuevamente remitido a las organizaciones.

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Pedirán información para ratificar legalidad de actividades empresariales de Majzoud

La Paz, 2 de octubre (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) anunció hoy que pedirá toda la información a las instituciones que prestó servicios empresariales el ciudadano venezolano canadiense, Kaled Majzoud, para ratificar, la legalidad de sus actividades, como se evidenció hasta el momento.

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, acompañado del director nacional de Lucha Contra la Corrupción, César Romano, en conferencia de prensa, manifestó que hasta el momento no existe ningún elemento que pueda hacer pensar en acciones irregulares en contra de Majzoud.

La pasada semana recibió una nota del senador opositor, Arturo Murillo, en la que pide al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional una investigación de las supuestas actividades empresariales sospechosas en Bolivia del ciudadano venezolano canadiense.

“Con todos los datos que tenemos a la fecha no encontramos ningún indicio de irregularidad ni absolutamente nada ilegal, todo lo contrario; parece ser que toda la actividad se encuentra sujetada a la ley, pero pediremos toda la información necesaria a todas las instituciones como el Gobierno Municipal de La Paz, a ENDE, ABC donde este señor brindó servicios de forma legal”, aseveró.

El senador opositor, Arturo Murillo, denunció el 26 de septiembre que Majzoud es dueño del avión en el que cayeron familiares del presidente de Venezuela Nicolás Maduro transportando droga, y que tiene millonarios contratos con el Estado boliviano, que ascienden a más de 1.400 millones de bolivianos.

Por su lado, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, informó que aquella persona no tiene antecedentes penales internacionales.

El viceministro Jiménez precisó que en la nota que envía el senador Murillo hace conocer de sus sospechas, pero no adjunta ningún antecede o respaldo que muestre actividades irregulares en su denuncia.

 

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