Servicios y Proyectos

Dos comisiones interministeriales trabajan decreto reglamentario de ley 977 en favor de personas con discapacidad

La Paz, 3 de octubre (MJyTI).- Una decena de ministerios, la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de Entidades Financieras (ASFI) y el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) conformaron dos comisiones para terminar la redacción del reglamento de la Ley 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, promulgada recientemente por el presidente Evo Morales.

 

La conformación de estos equipos de trabajo se desarrolló en una reunión presidida por la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales Laura, en representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

La viceministra Morales, en la oportunidad del encuentro, presentó a los representantes de los ministerios y otras entidades el proyecto de Decreto Supremo Reglamentario de la ley 977 para que sea la base del trabajo.

Además, precisó que estos dos grupos interministeriales se fijaron acelerar el trabajo para presentar el documento hasta el 9 de octubre próximo.

 

“Hemos presentado la propuesta de proyecto de Decreto Supremo Reglamentario de la Ley 977 la que será considerada por los participantes quienes harán llegar sus sugerencias y recomendaciones para la redacción final interinstitucional programada para el próximo 9 de octubre. Luego se prevé su aprobación por parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la cabeza del ministro Héctor Arce Zaconeta”, afirmó.

 

El presidente Evo Morales promulgó el 26 de septiembre la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad que garantiza una fuente laboral para las personas que tengan familiares con discapacidad grave y muy grave, estabilidad laboral, además de un bono solidario mensual de Bs 250.

 

De acuerdo a datos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, se beneficiarán con el bono mensual las personas con discapacidad grave y muy grave que llegan a 47.000 aproximadamente. Con la inserción laboral se favorecerán todas las personas con discapacidad que alcanzan a 67.000.

 

Participaron del encuentro representantes de los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional; Salud; Trabajo, Empleo y Previsión Social; Presidencia; Comunicación; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Desarrollo Productivo y Economía Plural; Economía y Finanzas Públicas; Planificación del Desarrollo.

 

Además de delegados de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de Entidades Financieras ASFI y el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS).

 

Una primera comisión, está presidida por el Ministerio de Salud que se encargará del análisis y elaboración de la base datos e interoperabilidad del sistema para el pago del bono mensual a personas con discapacidad grave y muy grave.

La segunda comisión, encabezada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se dedicará al análisis del sistema de registro de las empresas públicas y privadas para la inserción laboral de las personas con discapacidad y los padres, madres, tutoras, tutores y cónyuges que tengan a su cargo una o más personas con discapacidad, menores de 18 años con discapacidad grave y muy grave.

 

Por su parte, el director General de Personas con Discapacidad, Javier Salguero, presentó el avance de los “42 Puntos” del acuerdo firmado hasta el 13 de julio de la presente gestión y remitido a las diferentes organizaciones de personas con discapacidad a nivel departamental y nacional, mismos que deben ser actualizados hasta el próximo 16 de octubre para ser nuevamente remitido a las organizaciones.

alt

Pedirán información para ratificar legalidad de actividades empresariales de Majzoud

La Paz, 2 de octubre (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) anunció hoy que pedirá toda la información a las instituciones que prestó servicios empresariales el ciudadano venezolano canadiense, Kaled Majzoud, para ratificar, la legalidad de sus actividades, como se evidenció hasta el momento.

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, acompañado del director nacional de Lucha Contra la Corrupción, César Romano, en conferencia de prensa, manifestó que hasta el momento no existe ningún elemento que pueda hacer pensar en acciones irregulares en contra de Majzoud.

La pasada semana recibió una nota del senador opositor, Arturo Murillo, en la que pide al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional una investigación de las supuestas actividades empresariales sospechosas en Bolivia del ciudadano venezolano canadiense.

“Con todos los datos que tenemos a la fecha no encontramos ningún indicio de irregularidad ni absolutamente nada ilegal, todo lo contrario; parece ser que toda la actividad se encuentra sujetada a la ley, pero pediremos toda la información necesaria a todas las instituciones como el Gobierno Municipal de La Paz, a ENDE, ABC donde este señor brindó servicios de forma legal”, aseveró.

El senador opositor, Arturo Murillo, denunció el 26 de septiembre que Majzoud es dueño del avión en el que cayeron familiares del presidente de Venezuela Nicolás Maduro transportando droga, y que tiene millonarios contratos con el Estado boliviano, que ascienden a más de 1.400 millones de bolivianos.

Por su lado, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, informó que aquella persona no tiene antecedentes penales internacionales.

El viceministro Jiménez precisó que en la nota que envía el senador Murillo hace conocer de sus sospechas, pero no adjunta ningún antecede o respaldo que muestre actividades irregulares en su denuncia.

 

alt

MJyTI se constituye en coadyuvante en caso desfalco millonario en el Banco Unión

La Paz, 2 de octubre (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) se constituyó hoy en parte coadyuvante en las investigaciones que realiza el Ministerio Público en el caso del desfalco millonario en el Banco Unión hasta el esclarecimiento del hecho.

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, en conferencia de prensa realizada en instalaciones del Ministerio, informó que presentó el “apersonamiento” a la Fiscalía para vigilar el proceso que se sigue contra tres involucrados.

“Por instrucciones del ministro Héctor Arce, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, ha hecho el apersonamiento para que se activen todos los mecanismos legales para coadyuvar la investigación y exigir con celeridad la verdad material de los hechos”, aseveró.

Informó que el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional realizó en los últimos días un análisis de los antecedentes del caso denominado desfalco al Banco Unión.

“El Banco Unión y el Ministerio Público han desarrollado un proceso de investigación denunciado a los señores Franz Pari Mamani, exgerente de Operaciones del Banco Unión distrital Batallas, Luciana Reynaga (Pareja de Pari) y Alexis Calderón (amigo de Pari)”, explicó la autoridad.

A decir de Jiménez, estas personas desarrollaron desfalcos continuos desde diciembre de 2016 al Banco Unión aprovechando que, el exgerente distrital, era personal autorizado para utilizar programas informáticos destinados a generar los movimientos de los cajeros.

La jueza primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthya Delgadillo, resolvió el jueves pasado la detención preventiva en las cárceles de La Paz para los implicados en un millonario desfalco al Banco Unión.

 

alt

MJyTI denuncia por prevaricato a jueza que benefició con detención domiciliaria a exgerente de Bolivia TV

La Paz, 2 de octubre (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) denunció hoy ante el Ministerio Público a la jueza del Juzgado Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, por prevaricato al favorecer “arbitrariamente” con la detención domiciliara a exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero.

Esta acción la desarrolló el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, quien, en conferencia de prensa, explicó que también presentó una apelación “legal y contundente” para revertir esa detención domiciliaria, tomando en cuenta que los elementos por los cuales se está investigando al exgerente de Bolivia TV fluctúan por los 25 millones de bolivianos de daño económico al Estado.

“Hemos presentado una denuncia formal contra la jueza Cuarto de Instrucción Anticorrupción, Melina Lima, por el delito de prevaricato. Asimismo, activamos de forma legal y contundente la apelación para revertir esa detención domiciliaria de Portocarrero”, afirmó a los periodistas.

La Jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz dispuso el miércoles 27 de septiembre la cesación a la detención preventiva del exgerente de Bolivia TV, implicado en hechos de corrupción en el canal estatal.

El exgerente estuvo recluido en el penal de Patacamaya por 70 días aproximadamente, tras ser implicado en los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, porque presuntamente firmó el proceso irregular de contratación de la empresa Autored SRL para la implementación de un proyecto televisivo por 25 millones de bolivianos.

Recordó que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional hizo la denuncia junto a Bolivia TV por contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el caso de provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos informáticos, del cual el exgerente de Bolivia TV fue imputado y está siendo investigado en las instancias del Ministerio Público.

Según la explicación del viceministro Jiménez, los abogados de este Ministerio evidenciaron de que en materia jurídica el imputado no pudo desvirtuar los riesgos procesales para revertir la detención preventiva.

Lamentó que pese a esta situación y de forma “arbitraria” la jueza Lima le concedió medidas sustitutivas al imputado Portocarrero.

Jiménez dijo que la jueza Lima no sólo le favoreció con la detención domiciliaria sino le concedió beneficios más allá de la petición del imputado otorgándole horarios y salida de trabajo, aspectos que Portocarrero no solicitó.

“Ante esta situación consideramos que la juez Lima incurrió de forma deliberada en el delito de prevaricato”, ratificó el Viceministro.