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Arce expone cuatro elementos fundamentales que sustentan la obra jurídica de la demanda marítima boliviana

Oruro, 6 de abril (MJyTI).- Cuatro elementos fundamentales de la obra jurídica más importante de la historia de Bolivia, que es la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fueron expuestos hoy por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, en el Foro de Interés Ciudadano “Demanda Marítima: Bolivia en La Haya”.

Ante más de quinientas personas reunidas en el auditorio de la Facultad de Derecho San Agustín en la ciudad de Oruro, el además miembro de la comisión jurídica nacional de la demanda marítima se refirió ampliamente sobre el desarrollo histórico, la demanda marítima boliviana en sí, el derecho en el cual se funda la demanda y la fuerza de la justicia, la verdad y la razón.

En el desarrollo histórico, hizo mención sobre la constitución de la nación boliviana y la visión expansionista de Chile, los tratados de límites de 1866 y 1874. Además, de la invasión de Antofagasta de 1879 y la denominada Guerra del Pacífico.

Asimismo, precisó sobre el Tratado de 1895 como el antecedente fundamental del derecho de Bolivia a obtener un acceso soberano al océano Pacífico. Explicó sobre el Tratado de 1904 y la subsistencia del conflicto marítimo.

Detalló los alcances de la petición a la Liga de las Naciones y el Acta Protocolizada de 1920. Recordó que Bolivia planteó su reclamo en el ámbito multilateral, por primera vez, ante la Conferencia de París de 1919 y en la Liga de las Naciones, entre 1920 y 1922.

En la sesión de la Asamblea del 28 de septiembre de 1921, el representante chileno Agustín Edwards ofreció en forma solemne iniciar negociaciones directas con Bolivia para abordar la cuestión de su enclaustramiento marítimo.

Un año después, el delegado chileno Manuel Rivas Vicuña, mediante nota fechada el 19 de septiembre de 1922 dirigida a la Liga de Naciones, reafirmó el compromiso chileno de entrar en negociaciones directas con Bolivia.

También, se refirió al memorándum de 1926 y el Tratado de Lima de 1929, el acuerdo de 1950 y el memorándum de 1961.

Arce dijo que en 1975 Chile buscó negociar una salida soberana al Pacífico, como señala el acuerdo de Charaña firmado entre los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet. Este acuerdo permitió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas boliviano-chilenas, suspendidas en 1962, y el diseño de una propuesta para solucionar la mediterraneidad de Bolivia.

Asimismo, se refirió sobre las 11 declaraciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 1979 y 1989. Finalmente, la agenda de los trece puntos y la decisión de la demanda.

Luego de exponer la parte histórica, el Ministro explicó que la demanda marítima boliviana se inicia con el anuncio del presidente Evo Morales del 23 de marzo de 2011, la constitución de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) y la conformación de los equipos jurídicos nacional e internacional.

Detalló el procedimiento de la demanda boliviana ante la CIJ por la obligación de Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico presentada en abril de 2013.

Un tercer eje de su exposición fue el derecho de Bolivia a obtener un acceso soberano al mar, más allá del Tratado de Paz y Amistad suscrito con Chile en 1904.

Se refirió a los actos jurídicos sucesivos y continuos, concernientes a los acuerdos, promesas unilaterales y prácticas diplomáticas.

Detalló el error más grande que cometió Chile en la demanda boliviana, al plantear la objeción a la jurisdicción de la CIJ, de la cual salió perdedora.

Asimismo, manifestó que el equipo jurídico boliviano presentó en los alegatos ante la CIJ argumentos jurídicos contundentes a la luz del derecho internacional y la justicia los cuales demostraron que Chile incumplió sus promesas de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia.

Arce detalló tres líneas de defensa que presentó Chile en su dúplica y que han sido desmontados por los argumentos contundentes expuestos en los alegatos orales por Bolivia en la CIJ.

Finalmente manifestó que la fuerza del derecho, la justicia, la verdad y la razón están con Bolivia. Destacó la decisión y valentía del presidente Evo Morales para enfrentar la demanda histórica contra Chile en la CIJ, además de constituirse en “el gran constructor del camino hacia el mar”.

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Ministerio de Justicia realiza conferencia internacional para capacitar a abogados sobre la defensa de la niñez

La Paz, 6 de abril (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional realizó hoy la “Conferencia Internacional sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia” destinada a la capacitación de los profesionales en Derecho inscritos en el Registro Único de Abogadas y Abogados Defensores de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos de Violencia (RUANNA).

Este evento, coordinado con la Universidad Católica de Bolivia, además, tiene el objetivo de fortalecer el conocimiento de los abogados para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La inauguración del evento, realizada en instalaciones del hall de la Vicepresidencia, estuvo a cargo de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, quien recordó que el 18 de enero pasado, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 3463 para garantizar la asistencia en la defensa técnica, gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos de violencia, en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

“Este evento internacional tiene por objetivo capacitar a los profesionales en Derecho para atender a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, quienes tendrán patrocinio gratuito de abogados”, afirmó la autoridad.

La conferencia fue impartida por dos prestigiosas docentes internacionales, expertas en la temática de los derechos de la niñez como: la ex Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de Infancia, Adolescencia y Familia de Colombia, Ilva Hoyos, y la secretaria académica de la Facultad de Derecho Canónico, Pontificia Universidad Católica Argentina, María Inés Frank.

Ambas expertas internacionales desarrollaron exposiciones magistrales sobre “Políticas Públicas de Niñez” y compartieron sus conocimientos, así como sus propias experiencias desde un enfoque de derechos de la niñez y adolescencia.

A su vez, la directora general de Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán Burgoa, explicó que la conferencia tiene que ver con la implementación del Decreto Supremo 3463 en el marco de las acciones prioritarias que realiza el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, presidido por el ministro Héctor Arce, sobre temas de niñez y adolescencia.

“Este Ministerio ha asumido un fuerte compromiso con acciones concretas, medidas legislativas, normativas y también de política pública que estén basados en la protección de los derechos de la niñez”, agregó.

Convocó a los abogados, más allá de la profesión, se constituyan en defensores de las niñas, niños y adolescentes. “Donde exista una niña o niño víctima debemos estar atentos cada uno de nosotros en la defensa irrestricta de los derechos de la niñez”, enfatizó.

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Ministerio de Justicia inaugura oficinas para descentralizar y mejorar atención a la ciudadanía

Oruro, 6 de abril (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional inauguró hoy las oficinas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), Registro Público de la Abogacía (RPA) y del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC), con el objetivo de descentralizar y mejorar la atención a la población.

Participaron del acto el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Guillermo Mendoza; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Franz Mendoza; la directora general ejecutiva del SEPDAVI, Anrriela Salazar; la coordinadora regional del SEPDAVI, Jeannet Michaga; el representante del Comando Nacional de la Policía, coronel Juan Carlos Alarcón e invitados especiales.

El viceministro Mendoza, a nombre del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, inauguró las nuevas oficinas del Centro Integral de Justicia y recomendó a los servidores públicos celeridad en la atención a la ciudadanía.

“Estamos abriendo oficinas de centros integrados en todo el país para la atención jurídica gratuita a la ciudadanía, principalmente a las personas de escasos recursos. Hoy le tocó a Oruro en los próximos días Potosí y Tarija”, afirmó Mendoza en su discurso central.

El SEPDAVI ofrece el servicio exclusivo para las víctimas y tiene la finalidad de garantizar el acceso a la justicia a personas de escasos recursos económicos y que sean víctimas de un delito penal. Brinda patrocinio, legal, asistencia social y psicológica para las víctimas.

Asimismo, Mendoza dijo que el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor atenderá a los consumidores y usuarios que tengan algún reclamo cuando adquieran algún producto o servicio del sistema no regulado.

“La premisa de este Viceministerio es la protección y defensa del usuario y del consumidor; actualmente es una de las políticas esenciales para la gestión de Gobierno en su constante búsqueda de la equidad y relaciones justas entre sus ciudadanos”, manifestó.

En la oportunidad también se abrieron oficinas del RPA donde los abogados deben registrarse para ejercer su profesión, sin necesidad de pertenecer a ningún Colegio de Abogados.

Dijo que actualmente en Bolivia, se han registrado en el RPA más de 64.500 profesionales, de los cuales 4.200 son de Oruro.

Antes de la promulgación en julio de 2013 de la Ley 387 del ejercicio de la abogacía, la acreditación de los abogados estaba a cargo de sus respectivos colegios departamentales que limitaban el ejercicio profesional en todo el territorio nacional; actualmente la inscripción en el RPA habilita a los juristas para ejercer en toda Bolivia.

La dirección del nuevo Centro Integral de Justicia Oruro, se encuentra en la calle Adolfo Mier Nro 994, entre Washington y Camacho.

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Ministerio de Justicia se suma a denuncia contra alcalde Leyes por corrupción en compra de mochilas

Cochabamba, 5 de abril (MJyTI).- El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional se sumó hoy a la denuncia de presuntos hechos de corrupción millonaria contra el alcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes, y otros involucrados en la compra de mochilas y material escolar con sobreprecio de más de 10 millones de bolivianos.

“Por instrucciones del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, estamos haciendo el apersonamiento ante el Ministerio Público para sumarnos a la denuncia por un hecho de corrupción contra el alcalde Leyes en la compra de mochilas con sobreprecio denunciada por la concejala, Rocío Molina,”, afirmó el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez.

Precisó que el Ministerio de Justicia coadyuvará en la denuncia contra Leyes y otras personas por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

“Estamos hablando de varios delitos con diferentes penas privativas de libertad y será la autoridad jurisdiccional la que determine las penas, lo que sí es evidente que tenemos pruebas objetivas que demuestran el hecho de corrupción”, afirmó en conferencia de prensa.

Por la mañana, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, calificó como “muy grave” el hecho de corrupción millonaria que involucra al alcalde Leyes y llegó a la conclusión de que una “organización criminal” operó en la Alcaldía de Cochabamba para estafar a los pobladores de esa ciudad con una dotación mochilas con sobreprecio millonario.

Precisó que el costo de las mochilas y útiles escolares puestos en la ciudad de Cochabamba tienen un valor de 2.342.373 bolivianos y se pagó 12.469.247 bolivianos, determinándose el sobreprecio de 10.126.874 bolivianos.

Jiménez explicó que existe evidencia de que las mochilas ya estaban elaboradas en agosto de 2017 y en noviembre del mismo año recién se publica la licitación.

Para Jiménez, este caso de corrupción no tiene parangón en los casos que se han investigado en los últimos tiempos, pues se está hablando de un “hecho grosero” en el que se tenía todo preparado para efectuar este acto ilícito.

Criticó las afirmaciones de Leyes que pretende desvirtuar con declaraciones políticas ante pruebas jurídicas y técnicas que evidencian que hubo corrupción, por lo que el Ministerio Público debe investigar y determinar el grado de implicancia que pueda haber de las autoridades del gobierno municipal.

 

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