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Ministerio de Justicia toma juramento y entrega credenciales a 71 abogados en Cochabamba

Cochabamba, 28 de julio (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tomó hoy juramento y entregó credenciales a 71 abogadas y abogados en el departamento de Cochabamba para que ejerzan su profesión en todo el territorio boliviano.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, en representación del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, presidió el solemne acto.

En la oportunidad llamó a la reflexión a los profesionales en Derecho para que dignifiquen la justicia actuando con “probidad y honradez”.

Explicó que, a la fecha, en el Registro Público de la Abogacía (RPA), se logró inscribir y entregar credenciales, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 387 - Ley de la Abogacía, a 60.679 juristas en todo el país. De este número total a nivel nacional, 11.093 están en el departamento de Cochabamba. En cambio, La Paz lidera con 19.820 registrados.

Recordó que la Ley de la Abogacía determinó que la única instancia que puede acreditar el ejercicio de la abogacía es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

En consecuencia, dijo que es por esa razón que la credencial que emite el RPA es la única certificación que habilita a cualquier abogado para poder ejercer esta profesión.

A decir de la autoridad, el registro de la abogacía permite a los juristas ejercer en todo el territorio nacional y no como antes en un solo departamento cuando se habilitaban en los colegios de abogados.

Manifestó que, de acuerdo a la Ley de la Abogacía, los juristas son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público, ejercen su trabajo bajo los principios de independencia, idoneidad, fidelidad, lealtad y dignidad.


00102/28/2017

 

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MJyTI remite a la Cancillería antecedentes penales del caso Solón y Archondo para que se inicie proceso administrativo

La Paz, 27 de julio (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) entregó hoy a la Cancillería un legado de todos los antecedentes de un proceso penal iniciado en 2016 y que está en curso en contra de Pablo Solón Romero, exembajador de Bolivia ante la ONU, y el periodista Rafael Archondo, para que esa entidad inicie otro proceso por la vía administrativa judicial como manda la normtiva.

El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, y el viceministro de Transparencia Institucional, Gonzalo Trigoso, fueron los encargados de hacer la entrega personal al canciller Fernando Huanacuni del legajo de estos antecedentes penales contra Solón y Archondo, en una conferencia de prensa, realizada en instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Se ha tomado la determinación de remitir los antecedentes de un proceso penal que cursa en nuestra institución en contra de los señores Pablo Solón y Rafael Archondo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea esa institución la que lleve adelante procesos administrativos judiciales, según vea conveniente, en contra de estos exservidores que han cometido actos irregulares”, afirmó el ministro Arce ante los periodistas.

Arce recordó que mediante una comunicación oficial el 19 de enero de 2011, el entonces embajador Pablo Solón Romero, representante permanente de Bolivia en la misión ante la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York, Estados Unidos, nombra como representante permanente a Archondo.

Arce dio lectura a la nota de Solón ante las Naciones Unidas. “Tengo el honor de indicarle que el Gobierno de Bolivia ha designado al señor Rafael José Archondo Quiroga como embajador representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas”.

Dijo que esta nota lo firma el embajador Pablo Solón Romero, representante permanente a su salida de su misión diplomática.

Explicó que, en la estructura jurídica de Bolivia, como en cualquier otra nación, es el Presidente del Estado quien invita a los representantes permanentes o a los embajadores en todo el contexto internacional, y el Senado Nacional, en sesión reservada, aprueba la designación ya sea en entidades multilaterales o ante países amigos donde se mantiene relaciones.

Según el Ministro, el hecho de que un embajador saliente haya nombrado directamente y haya acreditado a un supuesto nuevo embajador, como lo hace Solón, ante las Naciones Unidas es un “delito”.

“Estamos hablando de nombramientos ilegales, estamos hablando de una situación que está penada por el ordenamiento administrativo y por el ordenamiento penal”, enfatizó la autoridad.

Rechazó las declaraciones que pretenden desvirtuar la acusación con calificativos como “mercenarios” y aclaró que su función desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es hacer cumplir la ley.

Dijo que de igual manera Archondo se acredita ante la Secretaria General de la ONU, de acuerdo a una comunicación que firmó él que se emite el 31 de octubre de 2011, unos meses después de que fuera nombrado ilegalmente.

Considera que esta situación no corresponde porque es una atribución exclusiva y privativa del Presidente del Estado.

“Fíjense ustedes, la diferencia de fechas del 19 de enero del 2011 hasta el 31 de octubre del año 2011, es decir, durante varios meses, el señor Archondo ha ejercido indebidamente un cargo para el cual no fue nombrado correctamente”, aseveró.

Arce aclaró que esta denuncia fue presentada el año 2016, cuando su persona aún no era designado Ministro de Justicia, ni Trigoso era Viceministro de Transparencia.

Manifestó que su obligación en el cargo desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es dar la continuidad a este caso.

“Lamentamos profundamente las campañas internacionales que desplegaron estas dos personas (Solón y Archondo) que pretenden manchar la imagen del Estado boliviano. Estas dos personas son muy vinculadas a organizaciones no gubernamentales y han pretendido realizar una campaña, con la ayuda de algunos medios de comunicación en nuestro país, para deslegitimar nuestras acciones y además para deslegitimar la imagen del Estado boliviano”, aseveró.

El Gobierno, a través del viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó el 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue y enjuicie por la vía penal a Pablo Solón, exembajador de Bolivia ante la ONU, y Rafael Archondo, periodista.

De acuerdo al memorial, Archondo cometió presuntamente varios delitos entre ellos ejercicio ilegal del cargo, incumplimiento de deberes y anticipación y prolongación de funciones; mientras que a Solón se lo acusa de los ilícitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.

JUNTA DE PROCESOS
Por su parte, el canciller Huanacuni, luego de recibir el legado de antecedentes del proceso penal que sigue el Ministerio de Justicia contra Archondo y Solón, anunció que este caso lo remitirá a la junta de procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Estamos recibiendo como Cancillería la carpeta correspondiente, lo que el ministro Héctor Arce se ha referido, tenemos los detalles de los antecedentes, son antecedentes de 11 pruebas de derecho, en los cuales está siendo recabado por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, afirmó.

Ratificó que este caso se remitirá a las instancias correspondientes de la Cancillería para hacer una “revisión minuciosa” en los procedimientos diplomáticos correspondientes bajo el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia y del ordenamiento jurídico interno.

0097/27/217

 

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Perfilan fortalecer políticas de prevención y atención a víctimas de trata y trafico

Cochabamba, 27 de julio (MJyTI).- El primer Encuentro de Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas evaluó hoy los avances y perfiló desafíos de la implementación de la normativa y las políticas públicas de prevención, atención, protección, reintegración a víctimas, sanción y persecución penal de la trata y tráfico de personas.

La sesión presidida por el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, se desarrolló en la ciudad de Cochabamba, evento que concluirá este viernes con decisiones sobre las tareas que se desarrollarán con prioridad este segundo semestre del año.

El encuentro se desarrolla como parte de las actividades conmemorativas al Día Mundial contra la Trata de Personas declarada por la ONU y que se cumple cada 30 de julio.

“En la sesión hemos evaluado el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Trabajo de la Gestión 2017 y las tareas pendientes”, afirmó.

El Viceministro dijo que después de la promulgación, en julio de 2012, de la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, el Estado, en los pocos años de vigencia de la norma, alcanzó a la construcción de una institucionalidad que permite la posibilidad de responder efectivamente contra este flagelo.

Se ha constituido un Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, presidido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, compuesto por varios ministerios que desarrollan sectorial e integralmente sus actividades, además de los consejos departamentales.

Es el caso del Ministerio de Gobierno que creó una Dirección para la atención de este flagelo y generó unidades especiales en la Policía.

En tanto que el Ministerio de Educación encara campañas de prevención, a través de cartillas, para las unidades educativas.

El Ministerio de Trabajo abre la posibilidad de insertar a la sociedad a las víctimas de trata.

Dijo que los consejos departamentales permiten enfrentar delitos de trata involucrando a varias instituciones del Órgano Judicial, Ministerio Público, Gobernaciones, Alcaldías, Defensa Púbica y otros para implementar políticas a nivel nacional.

Jiménez reafirmó que este Primer Encuentro de Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas permitirá fortalecer de manera coordinada entre el nivel central y entidades territoriales autónomas, la lucha contra la trata y tráfico de personas cumpliendo de esa forma con uno los mandatos del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, establecidos en la Ley Nº 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas.
0100/27/2017

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Consejo Sectorial se reúne para ajustar políticas destinadas a enfrentar la violencia contra las mujeres

La Paz, 27 de julio (MJyTI).- La Quinta Sesión del Consejo Sectorial e Intersectorial “Por una Vida Libre de Violencia” revisó y aprobó hoy el Plan Multisectorial para el avance en la despatriarcalización y el derecho de las mujeres a vivir bien, en sus niveles central, departamental y municipal.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de la Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional, del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, convocó a este encuentro que se desarrolló en el salón Las Américas del Hotel Presidente.

La reunión contó con la participación de representantes de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Gobiernos Autónomos Departamentales y las ciudades capitales de los Gobiernos Autónomos Municipales, Policía Boliviana y Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Asociaciones Municipales y la Asociación de Mujeres Asambleístas de Bolivia, entre otras.

En la oportunidad, los representantes revisaron los avances logrados en el marco de la implementación de las Leyes Nº 348 y Nº 243.

La realización de esta Sesión estuvo enmarcada en el cumplimiento a la Constitución Política del Estado y la Ley 348 "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia".

El Plan Multisectorial para el avance en la despatriarcalización y el derecho de las mujeres a vivir bien cuenta con seis áreas para contribuir a siete pilares del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020.

Su objetivo central se orienta a que las políticas, programas y acciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus diversas instancias y niveles competenciales, avancen en la despatriarcalización y se constituyan las condiciones para cumplir con el derecho de las mujeres a Vivir Bien y, especialmente el logro de una vida libre de violencia en razón de género.

0101/27/2017

 

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