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Equipos jurídicos nacional e internacional concluyen con éxito trabajo en La Haya y perfilan alegatos orales

La Paz, 2 de octubre (MJyTI).- Como “exitosa”, calificó hoy el ministro de Justicia y de Transparencia Institucional, Héctor Arce, la conclusión de las sesiones de trabajo de los equipos, nacional e internacional, que se reunieron el fin de semana en La Haya para analizar la dúplica presentada por Chile y perfilar los alegatos orales sobre la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ambos equipos se reunieron el fin de semana para trabajar en la fase oral tras la conclusión de la fase de la dúplica escrita, además se trató el tema del Silala.

“Concluyen exitosamente las jornadas de trabajo de los equipos jurídicos nacional e internacional sobre las demandas bolivianas en La Haya”, informó Arce Zaconeta en su cuenta oficial de Twitter.

La comitiva boliviana estuvo conformada por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; el canciller, Fernando Huanacuni; el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el ministro de la Presidencia, René Martínez; el procurador General del Estado, Pablo Menacho, y el director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón.

En tanto que el equipo internacional conformado por juristas de reconocida trayectoria estaba presidido por el agente ante la CIJ de La Haya y expresidente (2005), Eduardo Rodríguez Veltzé.

El tema fundamental del trabajo de los equipos, nacional e internacional, se centró principalmente en el análisis de la dúplica chilena entregada ante la CIJ de La Haya el 15 de septiembre, documento que cierra la etapa escrita del proceso que Bolivia inició con su demanda en 2013.

De acuerdo al ministro Arce, la dúplica no contiene nada nuevo y para adelante continuará el trabajo de la estrategia para encarar la etapa oral del litigio.

En reiteradas oportunidades el gobierno boliviano expresó su “confianza y tranquilidad” frente a la posición chilena.

Arce Zaconeta enfatizó anteriormente que el Gobierno confía en sus “sólidos” argumentos jurídicos considerados “victoriosos” luego de un análisis preliminar de la dúplica presentada por Chile.

Bolivia instauró en abril de 2013 una demanda contra Chile para que cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico, que arrebató tras una invasión y guerra de 1879.

Una vez presentada la demanda, la administración chilena de Michelle Bachelet objetó la competencia del tribunal internacional para conocer la causa. En septiembre de 2015, los jueces rechazaron el recurso y reafirmaron jurisdicción sobre el caso.

La CIJ fijó que el demandante presente la réplica hasta el 21 de marzo de este año, que Bolivia ya cumplió. El demandado, la dúplica, hasta el 21 de septiembre, como parte de una segunda fase de alegatos escritos tras la presentación de la memoria.

El viernes 15 de septiembre pasado el canciller, Heraldo Muñoz, y el agente chileno ante la CIJ, Claudio Grossmann, presentaron ante la Corte de La Haya la dúplica que pone fin a la fase escrita por la demanda marítima boliviana. Ahora se abre paso a la fase de alegatos orales.

 

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Unidades de Transparencia tienen facultad de denunciar directamente a la Fiscalía indicios de responsabilidad penal

La Paz, 30 de septiembre (MJyTI).- En caso de establecer indicios de responsabilidad penal, las Unidades de Transparencia tienen la obligación de denunciar “directa e inmediatamente” al Ministerio Público, sin necesidad de hacerlo en primera instancia, a las máximas autoridades de las entidades donde desempeñan sus funciones, explicó hoy el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez.
 
“Cuando las Unidades de Transparencia encuentren indicios de responsabilidad penal en las entidades por hechos de corrupción presentarán las denuncias directamente ante el Ministerio Público y luego informarán a las máximas autoridades ejecutivas donde desempeñas sus funciones”, afirmó Jiménez.
 
La autoridad explicó que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, desarrolla una serie de talleres como los realizados esta semana con gobernaciones, el jueves y posteriormente el viernes, con cajas y seguros de salud para socializar la implementación de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, promulgada el 4 de septiembre pasado.

Esta semana se explicó los alcances de esta norma a representantes de las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Posteriormente a los delegados de las cajas y seguros de salud.
 
El Viceministerio de Transparencia realiza estos talleres sectoriales en todos los niveles del gobierno nacional, gobiernos autónomos, descentralizadas, cajas de salud y empresas públicas del Estado con la finalidad de implementar la Ley 974.
 
“Esta norma profundiza y generaliza la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado, ahora las unidades de transparencia son los ejes de esta lucha”, agregó.
 
DEPENDENCIA
 
En el taller, la observación coincidente de los representantes de las Unidades de Transparencia de las gobernaciones fue que sus funciones dependen directamente de las máximas autoridades, es decir, en este caso, de los gobernadores a quienes hacen conocer en primera instancia informes sobre las investigaciones que desarrollan de indicios de corrupción y otras irregularidades.
 
Por tanto, no tienen el procedimiento directo de denunciar al Ministerio Público por temor a sobrepasar las instancias superiores.

 

Ante esta situación, el viceministro Jiménez explicó que la nueva Ley 974 otorga facultades a las Unidades de Transparencia para actuar de manera independiente y enfrentar la corrupción, más aún si se determinan posibles casos de responsabilidad penal.
 
“Es decir, que deben presentar las denuncias directamente al Ministerio Público y luego hacer conocer a las máximas autoridades (en este caso gobernadores)”, manifestó.
 
Según la nueva ley que regula el funcionamiento de estas instancias, las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tendrán la potestad de requerir información de cualquier proceso de contratación en las entidades estatales y empresas públicas, a denuncia o de oficio, para identificar posibles hechos de corrupción.
 
El viceministro Jiménez explicó que esta nueva norma busca fortalecer el trabajo de las Unidades de Transparencia para luchar frontalmente la corrupción en todas las instancias estatales.
 
Según la autoridad, Bolivia es uno de los países que está a la vanguardia en el ámbito regional en normativas relacionadas con la lucha contra la corrupción como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley de Participación y Control Social, la Ley de Denunciantes y Testigos, la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, además de mecanismos como la declaración jurada de bienes y rentas.
 
Subrayó que las Unidades de Transparencia están creadas en casi toda la institucionalidad del Estado. Jiménez aclaró que donde falte estas instancias se deben crear en 90 días a partir de la promulgación de la ley.
 
El artículo 6 de la Ley 974 establece que: “las empresas públicas y las entidades financieras y empresas con participación accionaria del Estado deberán contar con instancias de transparencia y lucha contra la corrupción, bajo la denominación y estructura que ellas determinen”.

CAJAS Y SEGUROS DE SALUD

Asimismo, la autoridad dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional explicó que las cajas y seguros de salud en Bolivia, como entidades descentralizadas con presupuesto mayor de 10 millones de bolivianos, deben contar con Unidades de Transparencia.

Esta disposición está establecida en el parágrafo II, del artículo 6 de la Ley 974 que establece que: “las empresas públicas y las entidades financieras y empresas con participación accionaria del Estado deberán contar con instancias de transparencia y lucha contra la corrupción, bajo la denominación y estructura que ellas determinen”.

Algunos representantes de las cajas manifestaron la dificultad de crear Unidades de Transparencia, debido a limitaciones presupuestarias.

Sobre el tema, el Viceministerio precisó que esas entidades de seguro deben tomar las previsiones para establecer estas instancias, porque es de cumplimiento obligatorio como dicta la norma recientemente promulgada.

 

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Cajas y seguros de salud en Bolivia deben contar con Unidades de Transparencia

La Paz, 29 de septiembre (MJyTI).- Las cajas y seguros de salud en Bolivia, como entidades descentralizadas con presupuesto mayor de 10 millones de bolivianos, deben contar con Unidades de Transparencia, declaró hoy el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez.

Manifestó que esta disposición está conforme lo establece el parágrafo II, del artículo 6 de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que establece que: “las empresas públicas y las entidades financieras y empresas con participación accionaria del Estado deberán contar con instancias de transparencia y lucha contra la corrupción, bajo la denominación y estructura que ellas determinen”.

El viceministro Jiménez manifestó esta recomendación en el Sexto Taller de Implementación de la Ley 974 organizado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia.

Al sexto taller, realizado en el edificio del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y presidido por el viceministro Jiménez, asistieron 19 representantes de las 11 cajas y seguros de salud del país.

Estos encuentros sectoriales, con todas las entidades públicas del país, tienen la finalidad de implementar la Ley 974, promulgada el 4 de septiembre en Palacio de Gobierno.

Algunos representantes de las cajas manifestaron la dificultad de crear Unidades de Transparencia, debido a limitaciones presupuestarias.

Ante esa situación, el Viceministerio de Transparencia Institucional explicó que esas entidades de seguro deben tomar las previsiones para establecer las Unidades de Transparencia.

Jiménez explicó que la creación de estas unidades en entidades descentralizadas con un presupuesto mayor a 10 millones de bolivianos está dispuesta por una Ley 974, que es de cumplimiento obligatorio.

Esta nueva norma vigente tiene la finalidad de profundizar y generalizar la lucha contra la corrupción en todas las entidades estatales del país.

 

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Bolivia y Perú conforman equipos binacionales para prevención y repatriación de víctimas de trata y tráfico

La Paz, 29 de septiembre (MJyTI).- La reunión binacional Bolivia-Perú de representantes de ambos gobiernos y varias instituciones, realizada en la región fronteriza de Cobija, Pando, definió conformar equipos para encarar acciones sobre la prevención, atención y repatriación de víctimas de trata y tráfico, informó hoy la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Cecilia Urquieta.

“El encuentro binacional de ambos países ha sido altamente positivo y se han asumido medidas para profundizar acciones contra la trata y tráfico de personas”, declaró la autoridad a los periodistas en la capital pandina.

El Foro Binacional “Prevención de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito de Migrantes en la Frontera Amazónica Bolivia-Perú” se desarrolló en la ciudad de Cobija con la participación por parte de Perú de representantes de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Policía y autoridades municipales.

Por parte de Bolivia participaron la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales en representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Cecilia Urquieta; el viceministro de Seguridad Ciudadana en representación del Ministerio de Gobierno, Gonzalo Trigoso, además del Comandante de la Policía Departamental, de Migraciones, Defensoría del Pueblo, entre otros.

Este viernes, el Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra en Bolivia y el Gobierno Municipal de Iñapari en Perú desarrollaron paralelamente, la Feria y Campaña Binacional, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención de los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.

Según la viceministra Urquieta, las instituciones de ambos países compartieron experiencias de buenas prácticas y actividades de prevención y sensibilización del delito de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos en la frontera amazónica Bolivia-Perú.

“Se han intercambiado buenas prácticas entre las instituciones policiales, fiscales, inspectores migratorios y servidores públicos”, aseveró.

Asimismo, se tuvo la participación de estudiantes que expusieron sus preocupaciones y demandaron mayores controles para evitar el tráfico de personas.

Este encuentro binacional se realizó en el marco del “Acuerdo Bilateral para Fortalecer La Lucha contra la Trata Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y los Delitos Conexos”, suscrito el 23 de julio de 2015, entre Bolivia y Perú.

Urquieta recordó que este acuerdo busca generar acciones de cooperación y coordinación para la persecución de los delitos a nivel transfronterizo.