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El MJyTI registra hasta julio 60.679 abogados para ejercer su profesión en Bolivia

La Paz, 25 de julio (MJyTI).- En Bolivia el número de juristas habilitados para ejercer su profesión llega a 60.679, luego que hoy tomaran juramento, tras quedar registrado en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), 360 abogados en un acto realizado en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El encargado de juramentar y entregar las credenciales a los 360 juristas inscritos en el Registro Público de Abogados (RPA) en acto público fue el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Gonzalo Trigoso, quien, a nombre del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, recomendó a los abogados a cumplir sus funciones dignificando la profesión.

“Es deber del profesional abogada y abogado registrarse y matricularse ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, sujetarse al procedimiento por las infracciones a la ética y denunciar el ejercicio ilegal de la profesión, más aún cuando la justicia en el país está mal vista”, afirmó.

Al solemne acto asistieron, además de Trigoso, el representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, William Dávila; el decano del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Quino; la vocal Tribunal Departamental de Justicia, Margot Pérez; el decano de la Facultad de Derecho de la UMSA, Franz Remi Camacho, y el director de la Carrera de Derecho de la UMSA, Javier Tapia.

De acuerdo a datos oficiales el Registro Público de la Abogacía, se logró inscribir y entregar credenciales, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 387 del Ejercicio de la Abogacía, a 60.679 profesionales en Derecho de todo el país. De este número total a nivel nacional, La Paz lidera con 19.820 registrados.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, recordó que la Ley de la Abogacía determinó que la única instancia que puede acreditar el ejercicio de la abogacía es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

En consecuencia, dijo que es por esa razón que la credencial que emite el RPA es la única certificación que habilita a cualquier abogado para poder ejercer esta profesión.

Jiménez precisó que el registro en el RPA permite a los juristas ejercer en todo el territorio nacional y no como antes en un solo departamento cuando se habilitaban en los colegios de abogados.

De acuerdo a la Ley de la Abogacía, las abogadas y abogados son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público, ejercen su trabajo bajo los principios de independencia, idoneidad, fidelidad, lealtad, dignidad, entre otros, asegurando que el asesoramiento y la defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados se realicen mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica.

0093/25/2017

 

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Se llevó acabo la Sesión del Consejo “Por una Vejez Digna”

Hoy 25 de junio, se dio inicio al Consejo de Coordinación Sectorial “Por una Vejez Digna” en el marco de la Ley Nº 369 “Ley General de las Personas Adultas Mayores” que establece la conformación del Consejo el cual actúa como instancia consultiva de coordinación, concertación, proposición, cooperación, comunicación e información entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas con la finalidad de elaborar e implementar planes, programas y proyectos en beneficio de las personas adultas mayores.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional convocó a la Sesión de Consejo – Primera, gestión 2017, para hacer seguimiento a los acuerdos asumidos y poder establecer nuevos compromisos aunando esfuerzos en beneficio de las personas adultas mayores de cada una de las regiones a las que representan.

El Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna se encuentra constituido por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

La autoridad quien dio por inaugurado la sesión del Consejo y quien ejerce de Secretaria Técnica del Consejo fue la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Dra. Estefania Morales, quien informó que actualmente se están desarrollando reuniones con las organizaciones sociales con la finalidad de conocer las necesidades de los adultos mayores y efectuar políticas públicas.

En esta sesión de Consejo se trataron temas importantes como ser:
-    El Valor y la Importancia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
-    Acceso a vivienda de interés social para personas adultas mayores.
-    Reglamentos de Apertura, Funcionamiento y Sanción a Centros de Acogida para Personas Adultas Mayores.
-    Seguimiento al Fortalecimiento Institucional (creación o apertura de oficinas en GAM).
-    Presentación y aprobación del Protocolo de Atención y Protección a Personas Adultas Mayores y Hoja de Registro de Atención de Casos.
-    Presentación y apoyo de las propuestas de normas en beneficio de las personas adultas mayores.

La Viceministra Dr. Estefania Morales solicitó a las personas adultas mayores y sus organizaciones a unir esfuerzos para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos asumidos para garantizar la implementación de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y otras normas que reconocen derechos encaminados a una Vejez Digna.

El día de mañana se llevará acabo el 1er Encuentro  Nacional Sobre Envejecimiento “Construyendo un Envejecimiento con identidad Propia” del 26 al 28 en la Universidad Católica “ San Pablo”

 

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Bolivia insta a Chile a cumplir fallo de la CIJ y obligaciones internacionales

Bolivia insta a Chile a cumplir fallo de la CIJ y obligaciones internacionales

Santa Cruz, 25 de julio (MJyTI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, dijo hoy que Bolivia insta al gobierno de Chile a cumplir obligaciones internacionales y el futuro fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en torno a la demanda marítima.

Además, pidió al gobierno chileno no poner en duda el acatamiento a la decisión que asumirá la CIJ, tal como expresó la pasada semana la presidenta chilena Michelle Bachelet y refrendada por su canciller Heraldo Muñoz.

“Hay que instar a Chile a que cumpla sus obligaciones internacionales, los fallos que se emitan de los tribunales internacionales, que viva dentro del Derecho Internacional y que respete las grandes instituciones que la humanidad ha construido en el marco del Derecho como la Corte Internacional de Justicia”, afirmó a la prensa en la ciudad de Santa Cruz.

Arce, que es parte del equipo jurídico boliviano de la demanda marítima, dijo que ha visto con mucha preocupación algunos mensajes expresados por la presidente de Chile, Michelle Bachelet, en oportunidad de la reciente reunión del Mercosur en Mendoza, Argentina, y que han sido reafirmados por el canciller chileno, Heraldo Muñoz, al poner en duda un futuro fallo de la CIJ.

Respondió de esta manera a las consultas de los periodistas sobre la posición fijada por la Presidenta de Chile quien descartó, en Argentina en el marco del Mercosur, la posibilidad de que su país pueda sentarse a dialogar para negociar con Bolivia un acceso soberano a las costas del Pacífico.

En tanto que el canciller Muñoz respaldó la posición de Bachelet y pidió “releer” el fallo preliminar de la CIJ en el litigio interpuesto por Bolivia para resolver su derecho marítimo.

El ministro Arce consideró que la CIJ de La Haya es la máxima instancia creada para este tipo de controversias entre naciones de manera pacífica.

Precisó que todos los países signatarios del Pacto de Bogotá en Latinoamérica están obligados al cumplimiento estricto de sus fallos.

A decir de la autoridad, no son buenas las señales, dudas e incertidumbre que ha emitido de manera vedada la presidente Bachelet y el canciller Muñoz.

Recordó que el año 2011, cuando Bolivia consideró llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya la demanda marítima, Chile comenzó a manifestar actitudes hostiles con el entonces canciller de ese país, Alfredo Moreno, luego la presidenta Bachelet y el actualmente el ministro Muñoz.

Espera que esas actitudes de los gobernantes chilenos cambien en pos de la integración latinoamericana.

Bolivia instauró el 24 de abril de 2013 una demanda contra Chile ante la CIJ para que cumpla los ofrecimientos que hizo a lo largo de la historia, de negociar una salida soberana al Pacífico, que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.
 
Una vez presentada la demanda, la administración de Bachelet objetó la competencia de ese tribunal internacional para conocer la causa, pero en septiembre de 2015, los jueces rechazaron el recurso y reafirmaron jurisdicción sobre el caso que ahora se sustancia.
 
La CIJ fijó que el demandante presente la réplica hasta el 21 de marzo de este año, plazo que Bolivia ya cumplió; el demandado debe presentar la dúplica, hasta el 21 de septiembre, como parte de una segunda fase de alegatos escritos tras la presentación de la memoria, que reúne los argumentos jurídicos y técnicos de la demanda, y de la contramemoria chilena.
0092/25/2017

 

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Comisión Codificadora analiza perspectivas y alcances del nuevo Código de Ejecución Penal

La Paz, 24 de julio (MJyTI).- La Comisión Codificadora de Leyes analizó hoy alcances del anteproyecto del nuevo Código de Ejecución Penal para la construcción de una adecuada política criminal en el marco de la adecuación de la normativa a la Constitución Política del Estado.

De esta manera la Comisión, encargada de elaborar las propuestas de códigos en lo Civil, Comercial, Administrativo, Laboral y de Ejecución Penal, inició el tratamiento de la nueva norma que es parte del denominado “Códigos Morales”.

El abogado de la Comisión Penal, Jorge Omar Mostajo Barrios, expuso los fundamentos teórico-doctrinales y normativos del anteproyecto de ley.

La sesión de la Comisión fue presidida por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, quien destacó la propuesta de Ejecución Penal y recomendó trabajar en normas que se ajusten a la actualidad y realidad boliviana.

El encargado de exponer la propuesta normativa fue el jurista Mostajo. En la oportunidad hizo un diagnóstico amplio del colapso carcelario que enfrenta Bolivia. Además, precisó detalles sobre los sentenciados y detenidos preventivos.

Consideró como preocupante los datos oficiales sobre la situación de las cárceles cuando de 16.613 detenidos hasta marzo de este año, apenas 5.028 estén con sentencia y 11.585 con detención preventiva.

En esa perspectiva es que planteó una nueva propuesta del Código de Ejecución Penal que regule la ejecución de la pena, otorgue medidas de seguridad y efectivice un mejor control de la detención preventiva en el ámbito judicial.

Consideró que es fundamental dotar al sistema de ejecución penal de un medio de autoevaluación permanente y contar con datos precisos para la construcción de una adecuada política criminal.

Asimismo, señaló que, por el dinamismo de la materia penitenciaria, debe regularse por decreto supremo la materia de vigilancia penitenciaria (órgano disciplinario - administrativo).

Dijo que la ejecución penal no es parte de un órgano mixto (jurisdiccional y administrativo), es netamente jurisdiccional y perteneciente al orden de la ejecución penal. No ejerce una jurisdicción prorrogada (no es un delegado del Tribunal o Juez de Sentencia) sino es propia. Además, debe resolver todos los incidentes propios a la etapa del cumplimiento de la pena impuesta y salvaguardar los derechos de los internos, sean estos condenados o prevenidos, y velar por el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena.

0091/24/2017