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Ministro Arce felicita al Ministerio Público y Policía por detención del hijo menor de familia Omonte en caso Tomasita

La Paz, 27 de septiembre (MJyTI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, felicitó hoy la labor que desplegó el Ministerio Público y la Policía para detener a uno de los hijos de la familia Omonte, denunciada por esclavizar por 38 años a Tomasita Machaca.

A decir de Arce, con estas acciones, como las ejecutadas por la Policía y la Fiscalía en el marco de las investigaciones del caso Tomasita, una mujer humilde, se puede construir una mejor justicia.

“Felicitamos la labor del Ministerio Público y la Policía en defensa de los más pobres y humildes. Así la nación boliviana construirá una mejor justicia”, señala en su cuenta oficial de Twitter al referirse a la aprehensión de José, uno de los hijos de la familia Omonte.

La fiscal, Patricia Miranda, explicó que la aprehensión de José O. se realizó en las últimas horas y será sometido a una audiencia de medidas cautelares por los delitos de trata y tráfico de personas y privación de libertad en grado de complicidad.

El 12 de septiembre se conoció el caso de Tomasita, de 58 años, que trabajó como empleada en una casa de la calle 15 de Calacoto durante 38 años. Durante ese tiempo nunca recibió sueldo ni se benefició con vacaciones. Es más, denunció que la familia Omonte la maltrató física y psicológicamente, al grado que pretendían amputarle una pierna malherida.

Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), le abrió las puertas para que trabaje en esa entidad en labores de mensajería y limpieza.

El SEPDAVI le brinda apoyo y acompañamiento, seguro médico para el tratamiento de la lesión en la pierna que sufre desde hace varios años, asesoramiento sicológico por haber estado cautiva por más de tres décadas y todo el apoyo necesario para su alfabetización con personal especializado.

 

 

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Acción de inconstitucionalidad presentado al TCP en Bolivia tiene jurisprudencia en tres países

La Paz, 26 de septiembre (MJyTI).- El planteamiento de acción de inconstitucionalidad presentado por asambleístas del MAS y dos opositores el 18 de septiembre al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se declare la “inaplicabilidad” de algunos artículos de la Constitución sobre derechos políticos tiene precedentes con similares características en tres países latinoamericanos, según la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Cecilia Urquieta.

“Esta figura de inaplicabilidad que critica la oposición, no es una cosa nueva sacada de los pelos, sino es una figura constitucional que en América Latina ha demostrado que esto es procedente”, afirmó la autoridad en entrevista en Bolivisión.

Se refirió a los casos de Costa Rica, Nicaragua y Honduras que solicitaron el control de constitucionalidad y se resolvieron en la Corte Suprema de Justicia. “En los tres han salido procedentes en favor de la inaplicabilidad de artículos de su Constitución”, agregó.

En Costa Rica, Nicaragua y Honduras se viabilizaron nuevas repostulaciones presidenciales con sentencias judiciales que tomaron en cuenta el Pacto de San José de Costa Rica.

Esta jurisprudencia respalda el recurso presentado este lunes por el partido de gobierno para permitir a Evo Morales terciar en las justas nacionales de 2019.

“Los derechos políticos son derechos fundamentales, son derechos que han sido adquiridos por luchas de muchos años, por las sociedades, las naciones que lucharon para tener estos derechos políticos que no pueden ser vulnerados porque son derechos fundamentales. Un ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido”, aseveró.

A decir de Urquieta, el artículo 256 de la Constitución es la clave de la acción de inconstitucionalidad.

El 256 establece que: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”. Es decir, a la Constitución.

Explicó que en el caso de Costa Rica fueron ciudadanos que solicitaron la inaplicabilidad de artículos y salió procedente. En 2003 y mediante sentencia 2771 de la Corte Suprema de Justicia, se anuló una reforma parcial constitucional de 1969 que “prohibió en forma total” la reelección de sus mandatarios.

En el caso de Nicaragua fue el mismo Presidente de ese país que inició con una acción inicialmente ante el Órgano Electoral de donde se remitió el caso a la Corte Suprema que se pronunció por dejar inaplicables artículos de su Constitución que afectaban los derechos políticos.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, recurrió al máximo tribunal de su país para habilitarse a una tercera candidatura amparado en el derecho de hacer prevalecer el interés ciudadano.

En el caso de Honduras, Urquieta explicó fue algo más complicado porque su Código Penal establecía que ninguna persona podría solicitar la reelección porque tenía una pena de cárcel. “Pese a esta sanción penal algunos asambleístas y un expresidente interpusieron una acción de inconstitucionalidad y la Corte Suprema accedió y falló como inaplicable esos artículos”, aseveró.

De esta manera se refirió a la presentación del oficialismo del recurso contra cinco artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral; y demandó, además, la "inaplicabilidad” de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado.

 

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Bolivia cuenta con una ley en favor de personas con discapacidad que garantiza empleo y bono mensual

La Paz, 26 de septiembre (MJyTI).- El presidente Evo Morales promulgó hoy la Ley 977 de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad que garantiza una fuente laboral para las personas que tengan familiares con discapacidad grave y muy grave, estabilidad laboral, además de un bono solidario mensual de Bs 250.

Recordó que Bolivia cuenta actualmente con el Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad y ahora con un bono en favor del sector de las personas con discapacidad.

“Lo más importante, frente a la crisis económica del capitalismo, que nos afecta con la baja del precio del petróleo, cuando en otros países se quitan bonos, nosotros mejoramos y creamos bonos; ahora en favor de las personas con discapacidad grave y muy grave”, afirmó en su discurso.

El acto de promulgación de la norma se desarrolló en instalaciones de Palacio Quemado con la participación del presidente Morales, el vicepresidente, Álvaro García Linera; el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; la ministra de Salud, Ariana Campero, los presidentes de las Cámaras de Senadores, José Alberto Gonzales; de Diputados, Gabriela Montaño; representantes de organizaciones del sector con discapacidad y otras autoridades.

A su turno, el ministro Arce Zaconeta explicó los alcances de la medida legal que consideró como un avance hacia el Estado con equilibrio, solidario, inclusivo y en la perspectiva del “Vivir Bien”.

Precisó que la nueva ley contempla básicamente tres aspectos fundamentales de beneficio para las personas con discapacidad.

Un primer elemento referido a la inserción laboral obligatoria del sector público, pero también del sector privado con mecanismos de control y seguimiento para evitar la discriminación.

“Deben tener la obligatoriedad de incorporar a los hermanos con discapacidad en igualdad de condiciones, de responsabilidad, de beneficios a fuentes laborales para que cumplan determinadas funciones y puedan ganar su sustento con dignidad”.

Según la norma, las instituciones públicas como las Fuerzas Armadas y la Policía deben incluir en su personal administrativo personas con discapacidad como padre, madre, cónyuge o tutor, en un porcentaje no menor al 4 por ciento y se puede recurrir a la modalidad de invitación directa de los interesados.

Además, el sector privado tiene la obligación de insertar laboralmente en su planilla de trabajadores a personas con discapacidad en un 2 por ciento.

Un segundo elemento, se traduce en garantizar la fuente laboral a las personas que tengan familiares en primer y segundo grado con discapacidad grave y muy grave. “Estamos hablando de que a la estabilidad laboral que existe para las mujeres embarazadas y hasta el año de nacimiento y que existen en otros sectores (sindicales), se sume la estabilidad laboral para garantizar la absoluta permanencia de este sector”.

Un tercer elemento, según Arce, es el esfuerzo conjunto del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos municipales, que permite la creación de un bono mensual de Bs 250, que representa anualmente Bs 3.000.

“Estamos hablando de un bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave de Bs 250 que se dará en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Central y los gobiernos autónomos municipales”, agregó.

El ministro Arce consideró esta jornada de la promulgación de la nueva ley en favor de las personas con discapacidad como un “día memorable e histórico” porque se está avanzando en la construcción de un Estado social, un Estado de equilibrio, un Estado de bienestar y un Estado solidario.

“Como Ministerio de Justicia, como cabeza de sector en la protección de los hermanos con discapacidad, nos sentimos profundamente orgullosos de este avance del Gobierno, de la sociedad, del Estado en la construcción de un verdadero Estado del Vivir Bien”, afirmó la autoridad.

De acuerdo a datos gubernamentales, hasta diciembre de 2016 existía un total de 67.912 personas con discapacidad. Con discapacidad grave 32.930 y muy grave 13.132 haciendo un total de 46.062 que van a ser beneficiadas con la inserción laboral o el bono mensual.

Quedan excluidas del pago del bono las personas con discapacidad visual registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) quienes ya perciben un bono de indigencia, pero sí se podrán beneficiar con la inserción laboral.

Por su lado, Roberto Nacho, ejecutivo de la Confederación de Personas con Discapacidad, agradeció al presidente Morales, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a los asambleístas por la nueva ley.

“Hoy compañeros para las personas con discapacidad es un día muy especial e histórico, cuando nosotros firmamos el acuerdo de los 42 puntos nos habíamos puesto una meta de estudiar, de trabajar y darles una remuneración económica, muchos no creían, muchos decían se han vendido; no es así compañeros, este es el resultado de esa lucha de los nueve departamentos”, afirmó.

Dijo que con esta ley miles de personas con discapacidad podrán acceder a una fuente de empleo, lo que consideró como un “gran logro”.

 

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Presunto violador de hermana de Naomi es enviado a la cárcel de San Pedro

-MJyTI continuará con asistencia para Naomi y sus hermanos

 

La Paz, 25 de septiembre (MJyTI).- La justicia decidió hoy la detención preventiva de Wilfredo V. R. S. de 47 años en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, por la presunta violación a la hermana menor de Naomi quien fuera internada en el Hospital de El Niño con un cuadro de desnutrición severa.

 

Ante esa situación, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), entidad que brinda el seguimiento y asistencia jurídica al caso Naomi, ratificó su compromiso de continuar con este tema y velar por los hermanos menores de Naomi (una mujer y dos varones).

 

La denuncia de este delito la conoció una comisión gubernamental liderada por el MJyTI que se dirigió al hogar de Naomi en la población de Guanay para verificar las condiciones en las que vivía y en las que se encontraban sus tres hermanos menores.

 

Concluida la audiencia cautelar, los representantes del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional manifestaron que continuarán con las acciones de seguimiento, gestión y coordinación para garantizar la protección de Naomi y todos los hermanos menores a través de la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores.

 

Asimismo, brindar la asistencia técnica jurídica a la víctima, en el proceso penal seguido en contra del presunto violador de nombre Wilfredo, enamorado de la madre de Naomi, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI).

 

El pasado 6 de septiembre, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tomó conocimiento del caso de la adolescente Naomi de 14 años de edad, que presentaba un cuadro de desnutrición severa, siendo internada de emergencia en la Unidad de Gastroenterología en el Hospital del Niño, a partir de las gestiones encaradas por esta cartera de Estado en coordinación con el Ministerio de Salud.

 

Ante la gravedad de estos hechos, con el objetivo de garantizar los derechos de los hermanos menores de 12, 10 y 7 años, un equipo interdisciplinario conformado del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se trasladó el 7 de septiembre al municipio de Guanay, para realizar el seguimiento a las acciones públicas desarrolladas por las instancias de protección municipal y coadyuvar con la investigación al entorno familiar de la adolescente.

 

En el marco de dicha intervención, el equipo interdisciplinario comunicó la existencia de un informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Guanay, donde se transcribe la declaración de la hermana menor (12 años) de Naomi quien refiere haber sido víctima de violación por un amigo (enamorado) de la madre de Naomi.

 

Ante este caso, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores, procede a presentar dos denuncias.

 

La primera en relación a la situación de abandono de Naomi y la segunda relacionada al supuesto hecho de violencia sexual a la hermana menor de la adolescente.

 

Este Ministerio, como ente rector del Sistema de Protección de la Niña, Niño y Adolescente, en consideración de los posibles riesgos que significaría el espacio familiar y social en la que vivían los menores de edad, coordinó con la instancia municipal para que se tomen las medidas de protección en favor de los tres hermanos de Naomi, logrando su rescate y su acogimiento en una entidad de atención.

 

Asimismo, coadyuvó con el Ministerio Público en la acumulación de indicios para la individualización y aprehensión del supuesto autor, y otros relacionados para el impulso de la investigación sobre el hecho de violación.

 

En fecha 23 de septiembre de 2017, en horas de la noche, en el marco de un mandamiento de aprehensión, la Policía Boliviana logró detener al supuesto agresor sexual en la localidad de Guanay en el departamento de La Paz para ser puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional competente.

 

Este lunes, conforme a lo establecido en el procedimiento penal se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares que determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro.